Este 22 de abril, Día de la Tierra, se publicó el Decreto Supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, una herramienta legal que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo.
En este grupo se encuentran quienes defienden el medio ambiente: personas en riesgo constante por su amor a la naturaleza, a sus territorios a su modo de vida y al entorno que los rodea y que fácilmente lo ven destruido, invadido o desaparecer por actividades como la minería o tala ilegal o el tráfico de tierras, entre otros muchos factores
Son ocho ministerios los que intervendrán en este mecanismo para buscar una rápida reacción frente a las amenazas que reciben los defensores y las defensoras de derechos humanos. La articulación entre sectores y el trabajo conjunto es lo que esperamos sea la receta para agilizar y evitar la pérdida de más vidas de defensores que día a día se enfrentan a la ilegalidad para salvaguardar nuestro patrimonio natural.
Este decreto supremo plantea una ruta más clara, para seguir promoviendo, elaborando y consolidando mecanismos de protección. Son tres objetivos puntuales los que nos presenta: 1) un enfoque preventivo que aborda directamente el riesgo al que se enfrentan nuestros defensores y defensoras, el cual tiene que ser de entendimiento pleno por las autoridades, 2) un segundo enfoque que está direccionado a la urgencia de acción para su protección, es decir el actuar debe ser inmediato para así salvaguardar la vida de estas personas. Ahora, por ejemplo, hay una obligación específica para que la Policía intervenga cuando exista riesgo para los defensores o defensoras de derechos humanos;, 3) y el tercer y último objetivo está dirigido al acceso a la justicia, lo cual resulta de máxima relevancia cuando son conocidas situaciones como las de Edwin Chota o Roberto Pacheco donde seguimos esperando justicia para los familiares y la impunidad nos sigue ganando la pelea.
El contar con este mecanismo articulado genera mucha expectativa y esperanza, pero también nos obliga a estar vigilantes para que la corrupción no siga carcomiendo nuestras instituciones y finalmente no se generen los cambios que tanto anhelamos. El aparato está creado, ahora nos toca velar por su funcionamiento, exigir que opere con precisión y calidad para poder finalmente evitar más muertes y para conseguir la justicia y protección que estas personas merecen y que debemos proporcionales.
La responsabilidad ahora recae en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, en el Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La inacción de uno perjudicará a todos. Sin duda, son muchos los retos en la implementación y ello requiere que los sectores prioricen este con urgencia y que se asignen los presupuestos necesarios para cumplir y hacer funcionar este mecanismo.
Esta norma es una gran noticia para los defensores y las defensoras y para toda la ciudadanía. Esperamos ver pronto resultados tangibles de su implementación tales como mecanismos reales y efectivos para su protección; no más muertes, no más persecución ni amedrentamiento, más justicia y reconocimiento.
(Fotos: Giancarlo Shibayama / SPDA)
