El nombramiento de Patricia Balbuena como ministra de Cultura marca un cambio en ese portafolio: es la primera vez que un titular de ese sector tiene como principal experiencia los temas relacionados con los pueblos indígenas y sus derechos colectivos y no las artes o nuestro patrimonio cultural.
¿Qué temas priorizará esta nueva gestión? La expectativa es alta, y esperamos que en estos tres años la ministra Balbuena marque una pauta que nos permita avanzar en la agenda indígena que tiene aún muchos temas pendientes. Un reto, sin duda, difícil de asumir.
En este contexto, nos arriesgaremos a sugerir tres temas a priorizar: fortalecimiento institucional y participación, seguridad jurídica del territorio, y economía indígena. Avanzar en estos tres aspectos de manera complementaria permitirá mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos.
Podemos partir del fortalecimiento institucional y la participación, combinación que puede convertirse en uno de los principales ejes para evidenciar las necesidades y expectativas de los pueblos. El fortalecimiento institucional podemos abordarlo desde dos dimensiones: la administrativa y la política. La administrativa puede ser entendida como la búsqueda de la mejora en el nivel de organización, reconociendo liderazgo, buscando eficacia, generando capacidades, respetando sus diferencias y mecanismos internos de control y apoyo, evidenciando transparencia. La política se refiere a la ruta de la organización, su agenda y el sustento de sus necesidades
Una institucionalidad indígena fuerte genera una participación articulada y eficaz que a su vez permite ejercer una mejor y mayor defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La principal tarea del Ministerio de Cultura en este punto es revisar y mejorar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas, empezando por evaluar la consulta previa libre e informada y sus diferentes niveles de interpretación por las distintas entidades estatales. Asimismo, se debe revisar su reglamento y sus excepciones que, por dar un ejemplo, permiten construir carreteras sin realizar consulta previa.
Además, se requiere fortalecer la consulta previa, por ejemplo, implementando un acompañamiento previo en los procesos de estudio de impacto ambiental y en la ejecución de la actividad. Sin ello, la consulta puede convertirse en el cumplimiento de una simple formalidad.
En segundo lugar, está el tema de la seguridad jurídica del territorio. Si bien en los últimos años se vienen implementando en el país por lo menos diez proyectos paralelos de titulación a favor de comunidades campesinas y nativas en la Amazonía, aún queda pendiente temas importantes que debatir para generar cambios. Podemos mencionar algunos como la integridad del territorio, las condiciones de la cesión en uso, la eficacia de la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, o las condiciones para el reconocimiento de los pueblos indígenas como personas jurídicas.
Es un reto muy grande para el Ministerio de Cultura colocar estos temas en agenda y abordarlos de manera transectorial, buscando acciones concretas a favor de estos pueblos y de sus territorios, y la materialización de una política pública de pueblos indígenas, con diferentes niveles de aplicación. Aquí el reto consiste en fortalecer la propia institucionalidad del ministerio como ente rector de pueblos indígenas, fortaleciendo su liderazgo para generar estos cambios, que implican procesos no solo de múltiples ajustes y precisiones legales sino también de una nueva visión como país.
El tercer tema se refiere a la economía indígena. Si bien el título de propiedad o la demarcación del territorio a favor una comunidad campesina o nativa es considerado punto medular para su desarrollo, este es el inicio o punto de partida para la identificación de oportunidades vinculadas a la diversidad, conocimientos y riqueza cultural con la que cuentan los pueblos indígenas. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la economía indígena puede entenderse como la articulación de los pueblos indígenas al mercado, buscando complementar las necesidades del autoconsumo, generando un excedente que permita el auto sostenimiento de las comunidades y organizaciones indígenas, logrando financiar planes de vida de las comunidades para mejorar sus condiciones y calidad de vida.
Resulta entonces necesario identificar los derechos económicos de los pueblos indígenas, y valorar sus conocimientos y su aporte a la economía nacional y a la seguridad alimentaria. Para ello, se debe elaborar incentivos económicos acordes a sus modos de organización y promover instrumentos que los incorporen en equidad de condiciones al mercado, respetando sus planes de vida.
El desarrollo de estos tres temas de manera articulada puede significar un gran cambio para los pueblos indígenas: institucionalidad indígena en territorios seguros que se articulen a un mercado que respete y valore su rol en la economía nacional. Ello será la base para fortalecer la interculturalidad y marcar un cambio a favor de los pueblos indígenas.
(Foto: CAAAP)
